Número 39: Julio a septiembre de 2018

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Revista CEMCI - Número 39

Trabajos de Evaluación: La necesidad de adaptar la Ley 25/2013 a la nueva normativa estatal y europea.

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La necesidad de adaptar la Ley 25/2013 a la nueva normativa estatal y europea.

Antonio José Fernández Bárbara

Sumario

Contexto e impacto de la ley 25/2013

Adaptación a la Ley 39/2015

Adaptación a la directiva 2004/55/UE

Conclusión

Bibliografía

1. CONTEXTO E IMPACTO DE LA LEY 25/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE IM-PULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CREACIÓN DEL REGISTRO CONTA-BLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PÚBLICO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y crea-ción del registro contable de facturas en el Sector Público es consecuencia de dos reali-dades jurídicas de nuestro tiempo: la obligación de hacer constar documentalmente la compraventa de un bien o la prestación de un servicio a través de una factura y el im-pulso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el funcionamiento de las Administraciones Públicas.

El artículo 45 de la hoy derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común establecía el deber de las Administraciones Públicas de impulsar el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias.

A raíz de la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electróni-co de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y de impulso a la administración electró-nica, se han sucedido las disposiciones normativas que pretenden la implantación pro-gresiva de la Administración Electrónica en el sector público. En lo relativo a la factura electrónica, fue la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la So-ciedad de la Información la que introdujo en su artículo 1 la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en el marco de la contratación con el sector público estatal, a partir del 30 de octubre de 2010, en los términos precisados por la Ley reguladora de contratos del sector público. Este precepto define la factura electrónica como "un documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor".

Esta Ley ya impuso la obligación a partir del 30 de julio de 2009 de facturar electrónicamente a los proveedores de la Administración con el sector público estatal para las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Posteriormente, con la intención de transponer la Directiva 2010/45/UE, que in-trodujo importantes novedades en cuanto a la facturación en el Impuesto sobre el Valor Añadido, se elabora el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación introduce tales novedades. Esta disposición reglamentaria pretendía dar un impulso a la factura-ción electrónica, "cumpliendo la finalidad marcada por la Directiva comunitaria, bajo el principio de un mismo trato para la factura en papel y la factura electrónica, como ins-trumento para reducir costes y hacer más competitivas a las empresas", sirviendo de tal modo a los principios de autenticidad, integridad y legibilidad de las facturas .

Resulta también de gran importancia la contribución que hizo en esta materia la disposición adicional trigésimo tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sobre la obligación de presentación de facturas en un registro administrativo (el registro contable de facturas) e identificación del órgano contable, además del órgano gestor y de la unidad tramitadora de la factura.

Posteriormente, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, refleja en su disposición adicional trigésimo segunda dicha obligación de presen-tación de facturas en registro administrativo e identificación de órganos; introduciendo, además, como novedad que “antes del 30 de junio de 2018, por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se pondrá a disposición de los operadores económicos y particulares un Registro Electrónico Único que, entre otras funcionalidades, permitirá acreditar la fecha en que se presenten facturas por los subcontratistas al contratista principal y traslade dichas facturas al destinatario de las mismas conforme a la confi-guración para recibir las facturas electrónicas que consignen en el directorio de em-presas”. Este mandato legal se ha traducido en la creación de la Plataforma de Distribu-ción de Facturas Electrónicas entre Empresas (FACeB2B), que permite la remisión de facturas del subcontratista al contratista principal y traslada dichas facturas al destinata-rio de las mismas, otorgando a la presentación de sus facturas de un asiento registral. Este Registro Electrónico Único permite incluso ser utilizado subsidiariamente en las relaciones no relacionadas directamente con la contratación pública.

En la obligación de presentación de facturas en un registro administrativo e identificación de órganos ahonda aún más la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de im-pulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Como señala, MONTSERRAT CARPIO CARRO, la implantación de la factura electrónica supone para las Entidades Locales un importante avance en la mejora del servicio hacia el ciudadano, contribuyendo a configurar una Administración moderna que cuente con dos principales ejes: la eficiencia y la eficacia .

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han de estar orientadas a posibilitar una interrelación entre la Administración y el ciudadano que favorezca la consolidación de una Administración más abierta y transparente.

A este objetivo pretende servir, entre otros, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Además, la Ley 25/2013 ha contribuido a dotar de una mayor transpa-rencia al ciclo de vida de las facturas y a una reducción de los plazos de pago a provee-dores.

Entre las novedades introducidas por la Ley 25/2013 destaca la obligación que establece para todas las Administraciones Públicas de crear Puntos generales de entrada de facturas electrónicas, con el objetivo de permitir que los proveedores de las Adminis-traciones presenten sus facturas de manera electrónica al órgano administrativo compe-tente para su tramitación, así como a la oficina contable. También destaca el impulso del registro contable de facturas, que deberá crear cada Administración Pública y ser gestionado por el órgano o unidad que tenga atribuida la función de contabilidad.

No obstante, la reciente aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la nece-sidad de transponer la Directiva 2014/55/UE, del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación, hace conveniente una re-forma de la Ley 25/2013. A pesar de que no han transcurrido ni cuatro años desde su entrada en vigor, la constante evolución que experimentan las Tecnologías de la Infor-mación y de las Comunicaciones, así como las exigencias de integración progresiva pero decidida de las mismas en el funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas hace necesario una reforma de la Ley de impulso de la factura electrónica que posibilite una mejor adaptación al marco legal actual.

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