Número 37: Enero a marzo de 2018

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Revista CEMCI - Número 37

Trabajos de Evaluación: La prevención de riesgos laborales en la Constitución Española.

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La prevención de riesgos laborales en la Constitución Española.

Juan Campos Fernández

La prevención de riesgos laborales es una construcción realizada por las sociedades en función del modo en que éstas perciben las enfermedades y riesgos que implica el ejercicio de una profesión. Por ello, cada Estado, según su cultura, economía o intereses políticos de la sociedad los elabora de una determinada forma. En España, comenzó a desarrollarse a comienzos del siglo XX, pese a que el problema de la salud laboral siempre había sido una preocupación de la clase obrera (TORREBLANCA, 2011).

Lo cierto es que la prevención de riesgos laborales, aun cuando careciera de las connotaciones actuales, dista mucho de ser un concepto moderno. En España puede remontarse al siglo XVIII, y más concretamente al día 3 de diciembre de 1778, fecha en la que Carlos III promulga un edicto en el cual ordena a los jueces de la corte que investiguen los accidentes que se producen en los albañiles, que prestan servicio en las obras tanto sean de la corte como privadas, dado el gran número de accidentes, y que posteriormente daría lugar a la adopción de medidas de seguridad, que si bien precarias, pueden ser considerados como el germen del sistema de prevención en nuestro país. En realidad, y si nos referimos a la higiene industrial en materia de prevención, Plutarco ya advertía sobre las enfermedades que podrían aquejar a los mineros de azufre.

Desde luego, no hay necesidad de remontarse a antecedentes tan remotos, y quizás poco pertinentes para un estudio de carácter práctico. A efectos de lo que interesa, en España probablemente fuera la Ley Benot, de1873, el primer texto legal que de modo general regulase aspectos en materia de higiene y seguridad aplicables a los trabajadores por cuenta ajena.

En efecto, la revolución industrial trajo consigo una notable modificación en los procesos de producción que afectó también notablemente a la sociedad en su conjunto, configurando un nuevo panorama en la Europa del siglo XIX, y no sólo en el ámbito económico, sino también político, y social. El consecuente incremento de la producción y la ampliación de los mercados y las rutas de comercio, supuso una creciente demanda de mano de obra, que era satisfecha en primer lugar por el éxodo del campo a la ciudad y posteriormente por el extraordinario crecimiento demográfico experimentado ante tales avances.

No obstante, el excesivo desarrollo de la industria, el surgimiento de las grandes empresas manufactureras y particularmente su desordenado crecimiento durante el siglo XIX dio lugar al fenómeno conocido como pauperismo, que no es sino el progresivo empobrecimiento y la penuria generalizada de las áreas obreras. El pauperismo generado por el desarrollo industrial vino a agravarse con la progresiva implantación de una maquinaria cada vez más generalizada, que sustituían al esfuerzo humano, y que consecuentemente generaban bolsas de pobreza cada vez mayores en las áreas industrializadas. La situación para los trabajadores que conservaron el empleo no fue mucho mejor. Las duras jornadas a las que venían sometidos, los salarios irrisorios, las pésimas condiciones de seguridad, las deficientes medidas higiénicas y el incremento de los accidentes laborales producidos por la nueva maquinaria industrial acabaron por concienciar al legislador de la necesidad de intervenir en la regulación de las condiciones en que se prestaba en trabajo por cuenta ajena.

Las primeras medidas de intervención en materia social fueron precisamente las relativas a la protección de la seguridad e higiene de los trabajadores, antes que las derivadas a la mejora de las condiciones de vida del trabador en general. Decía GONZÁLEZ SÁNCHEZ que la primitiva intervención del Estado liberal en las relaciones laborales se derivó de la necesidad de corregir “las desastrosas condiciones de trabajo, inseguras, antihigiénicas e inhumanas y las consecuencias que el sistema generaba”, en buena medida porque con acierto se preveía que la explotación tanto de adultos como infantil provocarían a corto plazo un grave deterioro de la salud pública, que comprometería la propia estabilidad del Estado, en cuanto a fuerza de trabajo y defensa nacional.

El que la intervención posteriormente se acrecentara se debió en buena medida a la cada vez más relevante presencia de la maquinaria industrial, que convertían al obrero en una mera fuerza auxiliar de éstas, y que lo colocaban en una especial situación de precariedad. Los accidentes de toda clase en las industrial se multiplicaron exponencialmente, al tiempo que la desaparición de los gremios y colectividades que con anterioridad habían dado cobertura al accidentado, dejaba al trabajador en una situación de total desamparo, que por añadidura quedaba privado por otra parte de la posibilidad de trabajar para lograr su sustento.

Esta nueva situación hizo que muy pronto se pensara en la necesidad de imputar al empresario la responsabilidad por los daños que se pudieran ocasionar a los obreros como consecuencia del desempeño de su profesión. Finalmente, daría lugar a la promulgación en España de la Ley de Accidentes del Trabajo de 1900, que define lo que comúnmente se entiende por accidente laboral, reconociendo el derecho que tiene el obrero a ser indemnizado por las lesiones que sufra con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. A esta inicial preocupación del legislador por los accidentes del trabajo, debemos en buena medida el surgimiento de la posterior normativa de seguridad e higiene en el trabajo y de la concepción que en materia de prevención figura en nuestra Norma Suprema. Como argumentan RODRÍGUEZ PIÑERO y BRAVO FERRER, en la primera legislación social, prevención y reparación se configuraban como dos elementos indisociables con un mismo fundamento. Así, la legislación de accidentes de trabajo al referirse a la “previsión” de éstos, sentó las bases para una consideración global de la prevención, centrada esencialmente en la evitación de lesiones de carácter traumático más que en una protección genérica de la salud laboral.

A esta norma le siguieron otras que paulatinamente ampliarían la intervención de las administraciones públicas en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Sin ir más lejos, sólo 6 años más tarde, el Reglamento de la Inspección de Trabajo creaba un cuerpo de funcionarios que debía velar por la correcta aplicación de la legislación laboral. Mención aparte merece la famosa Ley de la Silla de 1912, que imponía la obligación en establecimientos no fabriles de disponer de una silla para las mujeres empleadas durante el desarrollo de su jornada, y que en realidad sentará las bases del principio de adecuación al trabajo en nuestra legislación.

El Reglamento General de Seguridad e Higiene, promulgado en 1940, supondrá el siguiente paso más en la consolidación de un verdadero sistema de prevención de riesgos laborales, por cuanto se trata de la primera norma que recoge de forma sistemática y rigurosa medidas de seguridad e higiene en la empresa y que nacía con la vocación de proteger al trabajador contra los riesgos derivados de su actividad laboral. El sistema implantado por este Reglamento se culminaría posteriormente con la creación del Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo en 1970 (el actual Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1971), técnicamente más depurado que el Reglamento de 1940 y que se mantuvo en vigor hasta 1995 (fecha en la que fue derogado por la actualmente vigente Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

Ya en democracia, la prevención de riesgos laborales en nuestro ordenamiento constitucional debe entenderse dentro del mandato expreso contenido en el artículo 40.2 CE que ordena a los poderes públicos “velar por la seguridad e higiene en el trabajo”. Mandato que debe entenderse comprendido dentro de la adjetivación de “Social de Derecho” del Estado que establece en el artículo primero, modelo caracterizado por, y como decía HELLER, interviene activamente en la sociedad para la consecución de una igualdad real, y no sólo formal, de los individuos que la componen. O, de manera más dramática, un Estado de “procura existencial” (FORTSHOFF). Y que necesariamente interviene en el proceso productivo para procurar un cierto equilibrio entre partes naturalmente desiguales.

Efectivamente, este mandato que se configura como elemento esencial del Estado Social garantizado por la Norma suprema, y que en suma supone la admisión de una garantía institucional que conecta directamente con el valor constitucional de la igualdad real o material del artículo 9.2 CE al indicar que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

En este sentido, en nuestra Constitución el reconocimiento del derecho a la seguridad e higiene en el trabajo se configura como un principio rector de la política social que obliga a los poderes públicos, a ésta sometidos por mor del artículo 9.1. CE, y que juntamente con los derechos relativos a la igualdad real sustentado en el artículo 9.2 CE y la justicia, en el artículo primero, suponen en suma los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho querido por el constituyente.

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