Número 29: Enero a marzo de 2016

>Tribuna


Revista CEMCI - Número 29

Tribuna: El sector público local institucional en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, con especial referencia a los consorcios.

Descargar PDF

Fichero PDF - 232.80 KB

El sector público local institucional en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, con especial referencia a los consorcios.

Amparo Koninckx Frasquet

Sumario

El sector publico institucional de la Ley 40/2015.

- Introducción.

- Normativa aplicable a la Administración Local.

Los Consorcios.

- De la Ley de Bases de Régimen local a la actualidad

- Definición

- Régimen Jurídico.

- Adscripción

- Creación del consorcio

- Personal

- Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial.

- Contenido de los estatutos.

- Separación y disolución

1. EL SECTOR PUBLICO INSTITUCIONAL DE LA LEY 40/2015.

1.1. Introducción.

De todos es conocida la incidencia que la crisis económica ha tenido en la reforma de las administraciones públicas, reflejado en las normas de los últimos años de procedencia estatal y autonómica, especialmente dirigidas a la Administración institucional.

Y en sentido en el ámbito local uno de los objetivos de la Ley 27/20013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, como es sabido, ha sido la redimensión el sector publico instrumental, mediante medidas dirigidas a la disolución de entes deficitarios o en situación de desequilibrio, la prohibición temporal en determinados casos de constituir o participar en entes y prohibición de entes de segundo grado A ello se unen otras limitaciones en cuanto a su organización y retribución de sus directivos.

Un paso más lo da la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Publico (LRJSP en adelante) objeto de nuestro comentario, que como expresa en su preámbulo: “En el ámbito de la denominada Administración institucional, la Ley culmina y hace efectivas las conclusiones alcanzadas en este ámbito por la CORA y que son reflejo de la necesidad de dar cumplimiento a lo previsto en el mencionado artículo 31.2 de la Constitución, que ordena que el gasto público realice una asignación equitativa de los recursos públicos, y que su programación y ejecución respondan a los criterios de eficiencia y economía. De forma congruente con este mandato, el artículo 135 de la Constitución establece que todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”.

Esta Ley dedica el Titulo II a la organización y funcionamiento del sector público institucional, en el que se contiene una regulación de los distintos entes y organismo que constituyen el sector publico instrumental con dos claros objetivos.

De una parte, contiene una clarificación de los entes del sector publico instrumental del Estado de forma “unificada” ante la dispersión de normas hasta el momento, dado que si bien inicialmente se contenían en la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, posteriormente diversas leyes regularon otras figuras como, entre otras, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y, la Ley 28/2006, de 18 de julio, de las Agencias estatales, a la vez que se adoptan medidas concretas de racionalización del sector público estatal.

De otra parte, con carácter básico, aplicables por tanto también a la administración autonómica y local, recoge unos principios generales de actuación y medias para asegurar que los entes institucionales cumplen con su finalidad, y se establece la obligatoriedad de inscribir cualquier ente del sector público en el Inventario del Sector Publico Estatal, Autonómico y Local.

Por último, si los entes instrumentales locales han venido tradicionalmente regulándose entre los modos de gestión de los servicios públicos, tanto en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, como en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local (LBRL), lo que se ha mantenido en la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (art. 85) con excepción de los consorcios y fundaciones (aunque se incluyen en dicha regulación en algunas normas autonómicas), tras la LRJSP continúa la dicotomía de regular el sector instrumental estatal en las normas de organización, y en el ámbito local entre las formas de gestión, sin perjuicio de los Consorcios y alguna norma sobre las fundaciones como veremos.

1.2. Normativa aplicable a la administración Local.

Centrándonos en el contenido de la LRJSP, como hemos dicho el capítulo I tiene carácter básico, abarcando los artículos 81 y 82.

En ellos se establecen los principios generales a que están sometidas en su actuación las entidades que integran el sector público institucional: legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y de transparencia en su gestión. Y en particular se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales (art. 81.1).

En realidad este precepto que no es más que una reiteración de lo previsto en el artículo 3 de la misma Ley (legalidad, eficiencia, y principio de transparencia), y de algunos principios recogidos en otras normas básicas (Ley 39/2015, de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) en cuyo ámbito de aplicación se incluye la administración institucional. Y en cuanto a los límites de personal, sabido es que ya las leyes de presupuestos generales del estado de cada año se encargan de aplicarle las limitaciones generales o de establecer las normas específicas para algunos de estos entes.

De mayor interés es la previsión legal, dentro la de filosófica de control del sector público instrumental y su sostenibilidad financiera, de un control de su eficacia para comprobar que cumplen con el fin para el que fueron creados

En este orden se exige a las Administraciones Públicas establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción (art. 81.2).

Acto seguido, sin carácter básico, referido al sector institucional estatal (art. 85), desarrolla en que consiste el control de eficacia (plan de actuación en el momento de la creación) y sistema de supervisión (verificación de la subsistencia de circunstancias que justificaron su creación, su sostenibilidad financiera y concurrencia de causa de disolución referida al incumplimiento de fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo).

[...]


Descargar PDF

Revista CEMCI

La Revista CEMCI es una publicación trimestral del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación de Granada.

Revista CEMCI - Número 29

ISSN 1989-2470

revista@cemci.org