Número 35: Julio a septiembre de 2017

>Tribuna


Revista CEMCI - Número 35

Tribuna: La participación pública en la iniciativa normativa. Especial referencia a las entidades locales.

Descargar PDF

Fichero PDF - 457.57 KB

La participación pública en la iniciativa normativa. Especial referencia a las entidades locales.

Alberto Pensado Seijas

Sumario

Introducción.

Avances.

Novedades.

Instrumentos sobre la nueva tramitación administrativa.

Fases y Procedimiento de elaboración de normativa municipal.

Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN.

A nivel local, en los últimos tiempos se produjo un impulso en el ámbito de la democracia participativa, a raíz de la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2001) sobre “La participación de los ciudadanos en la vida pública local”, continuando con el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas el 25 de julio de 2001.

Hito fundamental fue la entrada en vigor de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno Local, de la que surgió en 2005 el Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local.

Los ámbitos sectoriales, también han sido objeto de normativa sobre la participación pública como por ejemplo, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Y ya respecto a la última oleada normativa la derogada Ley 11/2017, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la fundamental Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para acabar convergiendo la regulación fundamental de esta evolución de la democracia participativa en el novedoso Título VI de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”), artículos 127 a 133.

II. AVANCES.

La introducción de los principios de buena regulación en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas es simplemente un avance del paradigma ya inexorable que comenzó a germinar a nivel europeo en la Cumbre de Lisboa (2.000) con la “better regulation”. Continuando en nuestro país de modo más firme a partir del informe de la OCDE: “Better regulation in Europe: Spain 2.010”, continuista del primigenio del año 2.000 “Regulatory Reform in Spain: Goverment Capcity to Assure High-quality Regulation”.

A partir de 2.010 prácticamente todas las normas elaboradas en nuestro país han visto como el legislador ha inoculado este concepto tanto de forma expresa como tácita. Quizá el mayor campo dónde ha proliferado es en la regulación de la tramitación administrativa de las actividades económicas tras la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE del Parlamento). La cascada normativa en este ámbito ha sido notoria desde las Leyes de Transposición de la misma (Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) hasta la actual Ley 39/2015, pasando entre otras por las siguientes:

  • - La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
  • - El Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios; de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales; de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación, y de simplificación administrativa.
  • - Real Decreto Legislativo 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios.
  • - La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios.
  • - La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
  • - La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • - La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
  • - El Real Decreto Legislativo 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
  • - Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
  • - La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Fuera del ámbito de las actividades económicas también se ha producido la transversalidad en la aplicación de los principios de buena regulación en los más diversos ámbitos. Algunos ejemplos serían:

  • - Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
  • - Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
  • - Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • - Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
  • - Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

Y la tendencia es continuista como advera la nueva normativa en tramitación. Por ejemplo el artículo 34 (“libertad de pactos”) del Proyecto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, señala que en los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.

[...]


Descargar PDF

Revista CEMCI

La Revista CEMCI es una publicación trimestral del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación de Granada.

Revista CEMCI - Número 35

ISSN 1989-2470

revista@cemci.org