Número 26: Abril a septiembre de 2015

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Revista CEMCI - Número 26

Trabajos de Evaluación: La situación administrativa de servicios especiales, límites y alcance en el estatuto de los miembros de las corporaciones locales. Especial consideración de los funcionarios locales habilitados nacionales (FLHN).

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La situación administrativa de servicios especiales, límites y alcance en el estatuto de los miembros de las corporaciones locales. Especial consideración de los funcionarios locales habilitados nacionales (FLHN).

Manuel Ramal Mata

Sumario

Introducción

La participación política como derecho fundamental

El estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales

La situación administrativa de servicios especiales

Regulación legal de los funcionarios locales con habilitación nacional.

Límites a la consolidación de la carrera administrativa y a la promoción profesional.

Acceso, permanencia y ejercicio del cargo: “ius in officium” y “ius ad officium”.

La garantía de la carrera profesional del FLHN, en el acceso y durante la permanencia en el cargo electo.

La situación de servicios especiales como derecho laboral y/o estatutario del FLHN.

Conclusiones

1.- INTRODUCCIÓN

El ejercicio de responsabilidades públicas locales puede ser desempeñado bajo distintas modalidades de dedicación, sustanciándose su regulación, básicamente en el artículo 75 de la LRBRL y el artículo 13 del ROF. El número y cuantía de las dedicaciones exclusivas de los miembros de la Corporación ha experimentado una importante modificación tras la aprobación de la LRSAL dando cumplimiento al objetivo establecido por el legislador de imponer una serie de limitaciones a la atribución de dedicaciones y a la cuantía de las mismas en función del parámetro poblacional, a través de introducción de dos nuevos preceptos, artículos 75 bis, reguladores respectivamente, de régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales, y la limitación en el número de dedicaciones exclusivas. La modificación introducida dispone que serán los Presupuestos Generales del Estado los que determinen, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales.

Lo anteriormente expuesto está referido a los derechos económicos básicos del funcionario local en situación de servicios especiales, cuyos efectos serán ampliados y matizados en los próximos apartados de este trabajo. Igualmente, es el principal objeto de este trabajo el análisis de los derechos a la carrera profesional y sus efectos en relación al tiempo que dicho funcionario (FLHN) se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales, un trabajo que intenta establecer el límite y alcance de estos derechos en relación con la garantía del derecho de participación política, como derecho fundamental, y en concreto cómo se debe integrar en el Estatuto de los Miembros de las Corporaciones Locales. Para ello se analizaran, no solo las normas legales que lo amparan, sino también la Jurisprudencia Constitucional que lo ha ido extendiendo y configurando, como un derecho típico de configuración legal, sin la cual no es factible su ejercicio, y todo ello contrastado con los criterios e interpretaciones normativas de la propia Dirección General de la Función Pública.

2. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA COMO DERECHO FUNDAMENTAL

El artículo 23 de la CE presenta un contenido complejo que, en realidad, recoge tres derechos autónomos:

  • El derecho a la participación política directamente o a través de representantes (23.1 CE);
  • El derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad (23.2 CE); el cual según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se desdobla en el derecho de acceso a cargos públicos representativos, y
  • El derecho de acceso a la función pública (conforme a los principios invocados en el artículo 103.3 CE)

Nuestro constituyente, basándose en los documentos de Naciones Unidas, proclamó un genérico derecho de participación política que se completa directamente con los artículos 68.1 y 69.2 de la CE, y el artículo 23.1 CE, que conecta de forma estrecha con la proclamación realizada en el artículo 1.1 CE: “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho”. Así pues, la participación entendida como derecho ofrece la vertiente individual indispensable del Estado democrático. Esta proclamación se refuerza cuando se afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado.

Abundando en esta línea argumental, el artículo 9.2 CE encomienda a los poderes públicos fomentar entre otras, la participación política. Porque se trata de un derecho de participación política, no de una participación de cualquier otra naturaleza en asuntos públicos (STC 51/1984, de 25 de abril). Así, mediante esta participación el ciudadano contribuye a la formación democrática de la voluntad estatal, y ésta se produce directamente a través de la elección de representantes que forman los órganos en donde ésa se expresa. La representación política se convierte en el eje de la estructura democrática del Estado y en el verdadero mecanismo a través del cual se legitima el funcionamiento de las principales instituciones en cada esfera territorial: Cortes Generales (66.1, 68.1 y 69.2 CE) parlamentos autónomos (143, 151 y 152 CE), municipios (140 CE) y diputaciones provinciales (141.2 CE).

El Tribunal Constitucional ha precisado que la titularidad del derecho corresponde en exclusiva a las personas y no la ha reconocido ni siquiera a los partidos políticos a pesar de que estos sean considerados instrumentos fundamentales de la participación política (artículo 6 CE).

El artículo 23.2 CE consagra la dimensión pasiva del derecho de participación política, enunciando el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Esta referencia a “los requisitos que señalen las leyes” ha servido al Tribunal Constitucional para reiterar hasta la saciedad que éste es un derecho típico de configuración legal, sin la cual no es factible su ejercicio, y distingue tres momentos que consagran una triple dimensión del derecho: acceso, permanencia y ejercicio del cargo. En cada uno de ellos se ejercen derechos diversos, facultades concretas, al amparo de dicho artículo 23.2 CE.

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