Número 26: Abril a septiembre de 2015

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Revista CEMCI - Número 26

Trabajos de Evaluación: Nuevas tecnologías en el sistema electoral español.

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Nuevas tecnologías en el sistema electoral español.

Alejandra Montroy Ibáñez

Sumario

Introducción.

Propuestas de reforma del sistema electoral español en relación con la introducción de nuevas tecnologías de la información.

Conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

Es indiscutible que los avances tecnológicos se han incorporado de un modo casi indispensable a los quehaceres de la vida cotidiana. Las nuevas generaciones los manejan con total naturalidad y las demás no pueden discutir que su empleo otorga mayor eficiencia a sus labores y una apreciable simplificación de las mismas. El avance tecnológico se manifiesta principalmente en tres áreas. En el de la información, las comunicaciones y la automatización. Lo anterior lo podemos apreciar en nuestra vida diaria. Nos estamos informando, ya no sólo en la radio o en la televisión si no que en internet, en los web sites y otros de similar potencial. Basta citar a Facebook, Twitter, Internet y muchos otros. Estamos usando cada día más sistemas automatizados en todo orden de aparatos de uso doméstico. Y para que mencionar el tema de la telefonía móvil tan incorporada a nuestro quehacer diario.

La incorporación de tecnologías de comunicación e información (TCI) en los procesos electorales ha generado interés y preocupación entre los electores, así como entre los especialistas alrededor del mundo.

En muchos países, la tecnología está presente en las actividades relacionadas con el proceso electoral, y en algunos casos es esencial para conducir las elecciones. Por ejemplo, la tecnología se usa para compilar las listas de electores, para diseñar la geografía electoral, para administrar y capacitar al personal, para imprimir las papeletas, para conducir las campañas de educación al electorado, para registrar la emisión del voto, para escrutar y consolidar los resultados de la votación y para publicar los resultados electorales. La aplicación adecuada de la tecnología en las elecciones puede incrementar el margen de eficiencia administrativa, reducir los costos a largo plazo y mejorar el marco de transparencia política.

2. PROPUESTAS DE REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL EN RELACIÓN CON LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Pese a que estamos tratando la introducción de las nuevas tecnologías de la información, cabe señalar que la mayor parte de las propuestas de reforma del sistema electoral español sugeridas en las casi tres décadas en que éste lleva en funcionamiento, poco tienen que ver con las posibilidades abiertas por dichas tecnologías, afectando a aspectos tan diversos como la configuración de las listas (limitando su naturaleza cerrada y bloqueada), los problemas suscitados por la –normalmente, criticada por escasa– proporcionalidad; algunos aspectos del voto por correo, del sistema de recursos, etc.

Esta constatación, unida a la igualmente mencionada evaluación globalmente positiva del sistema, puede servir sin duda como una “pista”, un dato revelador de que los principales problemas que se perciben en esta esfera tienen poco que ver con el de las tecnologías actualmente utilizadas. O, por el contrario, puede achacarse a otras circunstancias. Esta segunda opción es la que parece desprenderse de algunos de los estudios elaborados por expertos en la materia. Así, por ejemplo, la reciente Declaración Institucional del Observatorio de Voto Electrónico (OVE) afirmaba que “el avance hacia las infraestructuras de voto electrónico está coincidiendo en el tiempo con una escasa valoración de las mismas por parte de las administraciones públicas. No parece que las autoridades electorales y las respectivas administraciones electorales se estén conduciendo con la diligencia y cuidado que cabría esperar… Se minusvalora su intenso valor político (…) Las empresas y expertos que trabajan en el desarrollo de dichas infraestructuras se tienen que enfrentar a la indeterminación de las respectivas autoridades o administraciones electorales, a sus opiniones erráticas y a un cierto nivel de improvisación en la toma de decisiones”. No muy distintos son los diagnósticos que hacen otros textos.

Sin embargo, podría decirse que muchas veces esas imputaciones de falta de interés responden a la misma falta de concreción en el análisis, o a un análisis sesgado por la propia orientación –sin duda benevolente– de quien lo hace. Probablemente, el hecho de que en España este debate no haya alcanzado más relieve responda a una razón tan simple como que la mayor parte de los estudiosos del sistema electoral español desde una perspectiva jurídica, política o sociológica, no consideran que esta reforma sea fundamental, que sea la más importante de las reformas posibles o, simplemente, que no la estiman suficientemente justificada como para considerarla conveniente. Esta “ausencia de demanda”, intelectual, política y social, podría explicar, por ejemplo, que en este ámbito no se haya producido una incorporación de las nuevas tecnologías para hacer posible la prestación de un mejor servicio, al modo en que ha ocurrido en otras esferas de la administración (como, por citar algún caso, en la Hacienda Pública o la Seguridad Social), cuyos responsables, en principio, no deberían ser genéricamente más o menos capaces que los competentes en materia electoral. Podría, igualmente, pensarse en una cuestión de preferencias, tan natural cuando de utilizar recursos públicos limitados se trata: se ha considerado más urgente dedicar medios a informatizar la Administración Tributaria, u otros campos, que a introducir el voto electrónico. De hecho, en España –como en otros países– no han faltado en la última década iniciativas experimentales tendentes a comprobar el funcionamiento de este tipo de mecanismos, sin que –al parecer, y al menos hasta ahora– los resultados hayan provocado el impulso necesario para avanzar mucho más hasta el punto de que alguna decisión político-legislativa en esta materia ha quedado sobre el papel, sin llegar a plasmarse en la práctica. En otras palabras, aunque “los políticos” hayan abierto la puerta a las tecnologías de voto electrónico, no han llegado a verse convencidos –o presionados– para ponerlas en marcha.

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