Número 22: Enero a marzo de 2014

>Tribuna


Revista CEMCI - Número 22

Tribuna: Aspectos generales de la nueva regulación de la jubilación y de su compatibilidad con el trabajo en el sector público.

Descargar PDF

Fichero PDF - 297.54 KB

Aspectos generales de la nueva regulación de la jubilación y de su compatibilidad con el trabajo en el sector público.

Carolina Gala Durán

Sumario

Introducción.

Los efectos derivados de la entrada en vigor de la LEY 27/2011, de 1 de agosto.

El impacto del factor de sostenibilidad: un nuevo modelo de pensión de jubilación.

Las nuevas formas de compatibilizar el trabajo y la pensión de jubilación.

»Aspectos generales.

»Las condiciones de aplicación del nuevo mecanismo de compatibilidad entre el trabajo y el cobro de la pensión de jubilación.

»Las otras vías de compatibilidad entre el trabajo y la pensión de jubilación.

La futura compatibilidad entre el trabajo y la percepción de un plan de pensiones.

Conclusiones finales.

1. INTRODUCCIÓN.

El pasado año 2013 trajo consigo importantes reformas en el marco de la jubilación, referidas tanto a los empleados del sector privado como del sector público (personal laboral y funcionarios públicos). Reformas que afectaron tanto a las condiciones de acceso a la pensión de jubilación ordinaria como a las posibilidades de compatibilizar el trabajo y la percepción de la correspondiente pensión, y también se modificó la futura fórmula de cálculo de la cuantía inicial de la pensión mediante la instauración, a partir del año 2019, del denominado “factor de sostenibilidad”.

El objetivo de este trabajo es analizar brevemente esos relevantes cambios legales, así como el impacto que los mismos tienen, y van a tener en el futuro, en el caso del personal al servicio de las administraciones locales.

2. LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 27/2011, DE 1 DE AGOSTO.

Siguiendo una técnica legislativa que cabe calificar, como mínimo, de peculiar, por mucho que se haya utilizado con cierta asiduidad en los últimos años, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, entró en vigor –parcialmente suspendida y posteriormente modificada por el Real Decreto-ley 5/2013-, casi dos años después, el 1 de enero de 2013, incorporando reformas trascendentes en el ámbito de la pensión de jubilación, cuyos efectos prácticos, en una parte importante de la población joven y también menos joven del país, es la obtención de una pensión de jubilación ordinaria de una cuantía más baja.

En efecto, la Ley 27/2011 ha comportado cambios en otras modalidades de la jubilación (la jubilación anticipada, la jubilación parcial…), pero éstos resultan de especial calado en el caso de la jubilación ordinaria, ya que pueden comportar, como señalábamos anteriormente, una prestación de importe inferior, ya se provenga del sector privado o del sector público.

En primer lugar, cabe destacar que, tras la Ley 27/2011 en relación con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la edad a la que un empleado público (personal laboral o funcionario público) puede jubilarse de forma ordinaria ya no es fija –los 65 años de edad “clásicos”)-, sino que pasa a ser variable, dependiendo del año concreto en que dicho empleado se jubila y de los años y meses completos de cotización a la Seguridad Social que haya acumulado hasta ese momento.

Así, en el caso concreto de los funcionarios públicos, si bien –creando, por otra parte, una cierta confusión- en el artículo 69.3 del Estatuto Básico del Empleado Público se sigue señalando que la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir los 65 años de edad, en el artículo 11 del Real Decreto-ley 20/2012, se establece que la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el régimen general de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva. Ello implica que, a todos los efectos, resulta de aplicación a los funcionarios públicos incorporados en el régimen general de la Seguridad Social, incluidos lógicamente los de las administraciones locales, lo fijado en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria 20ª de la Ley General de la Seguridad Social y, en consecuencia, en el año 2014 se pueden jubilar con 65 años aquellos funcionarios que tengan 35 años y 6 meses o más completos cotizados a la Seguridad Social, y con 65 años y 2 meses aquéllos que no alcancen ese período de cotización. A lo que cabe añadir que el requisito de cotización exigido y la edad concreta de jubilación en caso de no cumplirlo irán variando, año a año, hasta el año 2027, en que se podrán jubilar con 65 años aquellos funcionarios que hayan cotizado a la Seguridad Social 38 años y 6 meses o más completos (la nueva “carrera laboral completa” definida por la Ley 27/2011) y se tendrán que jubilar a los 67 años aquéllos que no los hayan alcanzado. Cabe señalar aquí que, dada la situación actual del mercado de trabajo, cada vez será más difícil alcanzar los 38 años y 6 meses o más completos cotizados a la Seguridad Social, por lo que, en el futuro, resultará cada vez más habitual la edad de jubilación a los 67 años en el sector público.

[...]


Descargar PDF

Revista CEMCI

La Revista CEMCI es una publicación trimestral del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación de Granada.

Revista CEMCI - Número 22

ISSN 1989-2470

revista@cemci.org