Número 21: Octubre a diciembre de 2013

>Tribuna


Revista CEMCI - Número 21

Tribuna: La acción reivindicatoria civil en las expropiaciones 'ilegales'. La indemnidad del derecho de propiedad como responsabilidad patrimonial encubierta.

Descargar PDF

Fichero PDF - 318.14 KB

La acción reivindicatoria civil en las expropiaciones 'ilegales'. La indemnidad del derecho de propiedad como responsabilidad patrimonial encubierta.

Álvaro Cortés Moreno

Sumario

Introducción.

La acción reivindicatoria.

La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

Características del sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

Las garantías del ciudadano frente a las expropiaciones ilegales.

Un punto de inflexión en el alcance general y unitario de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas: la STS (Sala de lo Civil) de fecha 18/05/2013 (rec. casación núm.37/2011).

Resumen

Se analiza en el presente trabajo la colisión que la protección del derecho de propiedad puede generar entre los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso administrativo como consecuencia de la responsabilidad derivada de la privación de derechos al margen del procedimiento expropiatorio, y que aunque era una cuestión pacífica y resuelta tras la consagración del principio de "unidad de fuero" que establecía como sede jurisdiccional más apropiada para conocer tales asuntos la jurisdicción contenciosa, una Sentencia reciente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo viene a perturbar y a cuestionar tal construcción jurídica.

Introducción

En el ejercicio de la potestad jurisdiccional establecido en el ordenamiento jurídico-procesal patrio, le corresponde a los juzgados y tribunales conocer y decidir sobre las materias establecidas en los procesos jurisdiccionales enmarcados dentro de cada orden jurisdiccional (civil, penal, social, contencioso-administrativo y militar) con el fin de fijar la extensión de cada uno de ellos delimitando las materias de las que son competentes –con objeto de garantizar la competencia y especialización en la materia del órgano jurisdiccional que en cada caso concreto ha de conocer cada asunto-. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico recoge una serie de normas que delimitan tal competencia material entre órganos de distintos órdenes jurisdiccionales, encontrándonos en concreto en cuanto a la materia sobre la que vamos a discernir en el presente trabajo, con los Arts. 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los Arts. 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo , preceptos que delimitan la extensión de la jurisdicción contencioso administrativa, como ámbito de conocimiento de todas la pretensiones dirigidas frente a una Administración Pública (cuando la misma actúa sometida al derecho administrativo).

Pues bien, centrándonos en el conflicto entre la indemnidad del derecho real de propiedad y las instituciones de derecho administrativo, como son la responsabilidad patrimonial y la expropiación forzosa, y tomando como referencia tales criterios normativos anteriormente indicados, tales preceptos junto con la evolución jurídica del "principio de unidad de fuero", supuso la concentración en la jurisdicción contencioso administrativa de las pretensiones que el ciudadano dirigía contra una Administración Pública en materia de responsabilidad patrimonial. Tales supuestos, entre los que se incluyen aquéllos en los que el ciudadano exige una responsabilidad patrimonial extracontractual por un funcionamiento anormal de la administración pública, y dentro de tal actuación los efectos que derivaban de las denominadas expropiaciones ilegales, se concentraban en virtud del principio indicado -en cuanto a la fijación de la correspondiente indemnización por responsabilidad patrimonial-, en la jurisdicción contencioso-administrativa (procedimientos en los se reconoce de forma implícita la existencia de una responsabilidad de la Administración actuante, como se desprende de la STS de 17 de septiembre de 2002).

Si bien, tal delimitación competencial era pacífica, nos encontramos con una reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que altera las concepciones doctrinales consolidadas (e incluso mantenidas por la propia Sala de lo Civil del Tribunal Supremo) y que mediante una argumentación "edulcorada" invade los límites de una materia que siempre había caído en el seno de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como un sutil movimiento que trastoca los pilares ya establecidos para dejar abierta la puerta a la entrada por vía civil, de indemnizaciones sustitutorias por imposibilidad de restituir terrenos objeto de la acción reivindicatoria, y en concreto la responsabilidad por actuaciones de Administraciones Públicas que pretendían legitimarse en procedimientos expropiatorios –indebidamente tramitados o sin la concurrencia de los mismos-, y que atendiendo a la argumentación dada por la Sala de lo Civil del máximo órgano jurisdiccional, viene a enmascarar verdaderas acciones de responsabilidad patrimonial contra las mismas.

Vamos por tanto, en primer lugar, a recopilar el régimen jurídico de la acción reivindicatoria, la institución de la responsabilidad patrimonial y sus características, y las garantías del ciudadano frente a las expropiaciones "irregulares" o "ilegales" para detenernos finalmente en el contenido de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 8 de mayo de 2013 (Rec. Casación nº 37/2011).

[...]


Descargar PDF

Revista CEMCI

La Revista CEMCI es una publicación trimestral del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación de Granada.

Revista CEMCI - Número 21

ISSN 1989-2470

revista@cemci.org