Número 19: Abril a junio de 2013

>Tribuna


Revista CEMCI - Número 19

Tribuna: Responsabilidad patrimonial en materia de concesionarios públicos.

Descargar PDF

Fichero PDF - 262.05 KB

Responsabilidad patrimonial en materia de concesionarios públicos.

Elena Galán Rodríguez de Isla

Sumario

Introducción.

Elementos subjetivos.

»Legitimación activa.

»Legitimación pasiva.

Funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Acción u omisión.

Concurrencia de administraciones.

Elementos objetivos.

»Individualización del daño.

»Daño efectivo y evaluable económicamente.

»Relación de causalidad.

»Ausencia de fuerza mayor.

Elementos temporales. Prescripción.

Especial mención a la responsabilidad patrimonial en materia de concesionarios públicos o contratistas.

»Regulación legal.

»Interpretación jurisprudencial.

»Contenido de la resolución administrativa.

Introducción

La Constitución de 27 de diciembre de 1978, recoge en su artículo 9.3 el principio de responsabilidad de los poderes públicos y, a su vez, en el artículo 106.2 señala que "los particulares, en los términos establecidos en la Ley tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

Por otra parte, el artículo 149.1.18ª del texto constitucional atribuye competencia exclusiva al Estado en relación al sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas, lo que significa que las Comunidades Autónomas habrán de atenerse a la legislación general, sin perjuicio de las especialidades procedimentales derivadas de su específica organización.

Con carácter general, la responsabilidad objetiva de la Administración aparece regulada en el artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954.

Actualmente, la normativa legal que contempla los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, viene constituida por el artículo 139 de la Ley de las Administraciones Públicas, de 26 de noviembre de 1992 (LRJAP-PAC ) que dispone: "1.Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 2.En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.3.Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos.4.La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial".

El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas, en materia de responsabilidad patrimonial, en su artículo 2 preceptúa: "1.Mediante los procedimientos previstos en este Reglamento las Administraciones Públicas reconocerán el derecho a indemnización de los particulares en los términos previstos en el Capítulo I del Título X de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por las lesiones que aquellos sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. También serán de aplicación los procedimientos previstos en este Reglamento para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial en que incurran las Administraciones Públicas cuando actúen en relaciones de Derecho privado".

Por otro lado, la disposición adicional duodécima de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece: "La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicas, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso".

En el ámbito local, la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, que se remite a la legislación estatal, determina en su artículo 54, que "Las Entidades Locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa". Especial mención hay que hacer al artículo 25 apartado 2 de la LBRL, que determina las competencias que el Municipio ejercerá, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas y singularmente, el artículo 26 del citado texto legal que preceptúa: "1.Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los siguientes servicios:

  • a) En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos urbanos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.
  • b) En los municipios con población superior a 5000 habitantes, además: Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.
  • c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: Protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público".

Finalmente, hay que recalcar que, además, de la normativa general que ha sido puesta de manifiesto, no puede obviarse la existencia de normas especiales sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, y así cabe reseñar, la establecida en materia urbanística en el art. 35 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.


Descargar PDF

Revista CEMCI

La Revista CEMCI es una publicación trimestral del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación de Granada.

Revista CEMCI - Número 19

ISSN 1989-2470

revista@cemci.org